(EFE). El presidente Gustavo Petro, designó como «voceros de paz» a diez líderes sociales y estudiantes detenidos durante las protestas de 2021 en diferentes partes del país y sindicados de distintos delitos, informó este viernes su despacho.
«Esta medida busca acompañar la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la paz total y, de esta forma, arrebatarles los jóvenes a la violencia», señaló la Presidencia en un comunicado.
Los beneficiados con esta medida son Andrés Cabrales, Daniela Pérez, Ludier Felipe Camacho, Steven Guevara, Cristian Andrés Cuéllar, Kevin García, Daniel Fernando Ruiz, Edwin Pimentel, Andrés Felipe Yara Sánchez y Davis Esteban López Barrera, agregó la información.
Según la Presidencia, «los jóvenes han manifestado, a través de sus apoderados, la voluntad de ejercer su rol como voceros de paz», lo que implica también que tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en sus procesos penales, que seguirán su curso.
«Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como voceros de paz, se procederá a revocar sus designaciones», indicó el Gobierno.
Los diez jóvenes, que son investigados por delitos como concierto para delinquir y tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público e instigación a delinquir, son estudiantes universitarios, profesionales liberales o artistas y harán su trabajo de voceros de paz en programas de diversas entidades oficiales.
«Es importante aclarar que el Estado no asignará salarios a los voceros de paz, ni generará contratos laborales», precisaron.
El pasado 15 de diciembre Petro firmó la resolución que designa a otros siete jóvenes encarcelados, investigados por delitos relacionados con la protesta social, como voceros de paz.
Esta medida del Gobierno ha causado polémica en el país, sobre todo porque algunos de los detenidos durante las protestas sociales de 2021 son acusados o investigados por delitos graves como torturas o terrorismo.
