En este punto surgen más dudas que certezas, teniendo en cuenta las violaciones al “cese al fuego” que han cometido todos los grupos armados y que se decretó a comienzo de año. El Gobierno Nacional debe pedir un monitoreo de los garantes internacionales y de la ONU en campo, teniendo en cuenta su aproximación de detener las hostilidades para realizar las negociaciones, diferente del enfoque de Santos, que adelantó las negociaciones en medio de la confrontación, presionando a los comandantes guerrilleros para dar resultados.
A todo costo hay que detener la “caguanización” del país, con el crecimiento de todos los grupos que, como se vio con el Clan del Golfo, pasó de 12 a 20 departamentos en seis meses.
Afortunadamente, se cayó del Plan Nacional de Desarrollo el artículo que sacaba a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, partiendo de que las condiciones y las dinámicas del orden público en el país, en vez de mejorar, vienen empeorando. Si bien la vocación de la Policía, es ser un cuerpo civil armado para el manejo de la seguridad, mientras las FFMM se encargan de la defensa de la soberanía y las fronteras.
La presencia de tantos grupos armados y la penetración del narcotráfico en el país, que sigue sin respuestas, exigen que la Policía siga cumpliendo un rol híbrido.
Desmilitarizar la seguridad tiene que ser un fin como política de Estado y no el medio, cuando los grupos armados están aprovechando para fortalecerse, por lo que se requieren directivas claras por parte del Gobierno a las Fuerzas Armadas y protocolos de negociación monitoreables con los grupos armados.
Sin esto, Colombia va a estar lejos de garantizar la ‘Seguridad Humana’, concepto que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), definió en 1994: “La condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas: desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos”.
Teniendo en cuenta el crecimiento de los cultivos de uso ilícito en el país, seguramente Estados Unidos nuevamente certifique a Colombia en la lucha contra las drogas por las incautaciones logradas en 2022. Sin embargo, el subsecretario de la oficina de narcóticos y seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd D. Robinson, ya manifestó que el Gobierno de Joe Biden se sentía preocupado.
