La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo unánime declarando la constitucionalidad de la Ley 2273 de 2022, que aprueba el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo internacional, firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, "busca garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de los defensores ambientales, además del acceso a la información en temas ambientales en los países firmantes".
El proceso de aprobación de la ley fue examinado minuciosamente por la Sala Plena de la Corte. Se verificó que tanto la fase gubernamental previa como el trámite legislativo cumplieron con los requisitos constitucionales y legales establecidos en Colombia, asegurando la validez del proceso.
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Un aspecto notable de la decisión es que "la Corte determina que no era necesario agotar la consulta previa con las comunidades étnicas, ya que el acuerdo no regula aspectos que afecten directamente a estas comunidades". El tribunal consideró que el acuerdo se enfoca en la implementación de derechos de acceso en asuntos ambientales, que son relevantes para toda la ciudadanía colombiana.
La Corte Constitucional concluyó que el Acuerdo de Escazú se alinea con la Constitución Política de Colombia. Se determinó que el acuerdo promueve la participación ciudadana y contribuye a la creación de un entorno seguro para los defensores del medio ambiente, aspectos que se consideran fundamentales en el marco constitucional colombiano.
