La Corte Suprema de Justicia no investigará al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por el delito de tráfico de influencias. La decisión se basa en una denuncia presentada en 2019, donde se acusaba a Uribe de haber ejercido presión sobre la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miryam Martínez, durante una convención del Partido Centro Democrático.
La denuncia surgió a raíz de un incidente en el cual Uribe, en su calidad de senador, realizó una llamada telefónica a Miryam Martínez. Según lo que trascendió, Uribe habría expresado un reclamo a Martínez, lo que algunos interpretaron como un intento de influir en decisiones de la agencia.
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Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no hay pruebas suficientes para iniciar una investigación formal contra el exsenador. La Sala consideró que el material probatorio examinado "permite razonablemente concluir que en el caso bajo estudio no se está en presencia de un hecho penalmente relevante".
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Ante la falta de elementos que sustenten la existencia de tráfico de influencias por parte de un servidor público u otro delito, la Corte Suprema ha decidido inhibirse de abrir instrucción contra el exsenador Uribe.
