La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar que involucra a varios funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta acción judicial está relacionada con el escándalo de corrupción que ha sacudido a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Entre los investigados se encuentran el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; Carlos Ramón González, quien pasó de ser director del Departamento Administrativo de la Presidencia a dirigir la Dirección Nacional de Inteligencia; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y Sandra Ortiz, quien fungió como consejera presidencial para las regiones.
La decisión de la Fiscalía de abrir esta investigación se produce en un contexto de creciente controversia, alimentada por la reciente divulgación de videos y conversaciones de chat que presuntamente implican a los mencionados servidores y exfuncionarios en una red de corrupción que habría operado dentro de la UNGRD. Estas revelaciones han intensificado el escrutinio público sobre la gestión de esta entidad y han puesto en tela de juicio la integridad de varios miembros del gobierno actual y pasado.
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Uno de los primeros funcionarios en ser señalado en este caso fue el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, Velasco habría desempeñado un papel crucial en una reunión celebrada en la Casa de Nariño, cuyo propósito habría sido redirigir recursos desde el Congreso hacia la UNGRD. Además, se ha mencionado a Sandra Ortiz, ex consejera presidencial, como una supuesta intermediaria que habría entregado dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también se ha visto implicado en las acusaciones de Olmedo López. Según estas declaraciones, Bonilla habría solicitado la adjudicación de contratos a congresistas a cambio de su apoyo a las reformas sociales propuestas por el gobierno nacional. Adicionalmente, se le atribuye la autorización de dos adiciones presupuestales a la UNGRD por un valor de 1,4 billones de pesos, cuya justificación ha sido cuestionada. También se le señala de haber redirigido fondos para contratos relacionados con el ELN, supuestamente con el fin de mantener a flote los diálogos de paz.
