Por JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN 
Ex-senador de la República

El pasado 7 de febrero, el presidente Duque anunció el nombre de sus nuevos ministros: Ángel Custodio Cabrera en Trabajo, Fernando Ruiz Gómez en Salud y Rodolfo Enrique Zea en Agricultura. En teoría, el cambio de tres ministros debería implicar un ‘revolcón’ en el Gobierno Nacional para recomponer el rumbo y simbolizar una luz de esperanza para salir de la crisis social, económica e institucional del país. Sin embargo, la noticia de los nuevos nombramientos ha generado entre los ciudadanos desilusión, apatía, desconfianza y ha puesto en evidencia nuevamente la desconexión de la Casa de Nariño con las necesidades sentidas del país. Los cambios en el gabinete no se perciben como el inicio de nuevas políticas en beneficio de Colombia, sino como una operación de milimetría política. Es cierto que el presidente asegura con esta decisión las mayorías en Senado y Cámara, pero retrocede aún más en su legitimidad popular.

Recordemos que Iván Duque ganó las elecciones sobre los hombros del ‘No’, de la indignación de la derecha por la construcción de un relato del conflicto armado con múltiples puntos de vista y del temor de los sectores más dogmáticos ante el avance del pensamiento liberal en una sociedad cada vez menos discriminatoria y más respetuosa de las libertades individuales. También obtuvo la victoria con la promesa de acabar con la ‘mermelada’, de cambiar la relación transaccional con el Congreso y de buena fe creo que hasta el momento lo había hecho, a pesar de confundir la legítima representación política con clientelismo, al punto que la aprobación de sus proyectos en el legislativo ha sido un verdadero calvario.

Pero el alto grado de indignación que ayudó a alimentar el uribismo desde la oposición, hoy se devuelve y le pasa factura como gobierno. La más mínima concesión a la clase política se interpreta inmediatamente como corrupción y el más mínimo error de un funcionario se convierte en una exigencia popular de renuncia. La ciudadanía, con toda la razón, se cansó de los privilegios de la clase política, del clientelismo, el abuso de poder, de la falta de ética, de la toma de decisiones por conveniencia y no por convicción. Los colombianos hoy reclaman urgentes reformas que permitan ampliar la base de pensionados, que promuevan la generación de empleo digno, que garanticen un servicio de salud eficiente y que propendan por una mayor justicia y equidad social.

En medio de ese clamor social, de las frecuentes y legítimas protestas ciudadanas y de la impopularidad histórica, el Gobierno Nacional no cuenta con un rumbo claro, con un propósito concreto, con una bandera que pueda aglutinar a la nación. Las promesas del candidato no se materializaron en transformaciones palpables por parte del presidente electo. Ahora, cuando su periodo constitucional se acerca a la mitad, Duque empieza a comprender que no tendrá un legado, que no pasará a la historia, que ha desaprovechado la oportunidad de marcar la diferencia desde el poder. Y en el afán por corregir el rumbo, mal asesorado, ha enfocado sus esfuerzos en asegurar la ‘gobernabilidad’: unas mayorías en el Congreso para que sus proyectos de ley sean aprobados. Esta decisión no es más que el respiro agonizante de un gobierno que tuvo la inmensa oportunidad de desmarcarse y hacer las cosas diferentes, en cabeza de uno de los presidentes más jóvenes de la historia, pero que por más bien intencionado que sea, ha mostrado una clara inexperiencia e inseguridad. El peso de quienes lo rodean lo ha llevado a cometer errores desafortunados; su propia casa política se ha encargado de exponerlo al escarnio público. No se puede gobernar con miedo permanente a la desaprobación y tratando de tener a todo el mundo contento.

Se equivoca el presidente al buscar acuerdos con los políticos y no con los ciudadanos. Se equivoca si pretende desactivar la protesta social y el inconformismo generalizado con mayorías en el congreso y no en las calles. Ese tipo de acuerdos burocráticos, vacíos de contenido, son los que alimentan el rechazo de los ciudadanos hacia la clase dirigente. Queda en evidencia, una vez más, el conflicto entre el país político y el país nacional que planteó Jorge Eliécer Gaitán hace más de 70 años. A la postre, el remedio de la ‘gobernabilidad’ puede ser peor que la enfermedad.

Y qué decir de los nuevos aliados del presidente, los partidos políticos que definen su postura frente al Gobierno en virtud de las cuotas que les correspondan. Ante la carencia de reformas, de propuestas fundamentadas en la evidencia y de verdadera representatividad popular, se atrincheran en los puestos del Gobierno para mantener cautivo a su electorado. Afortunadamente, la ciudadanía es cada vez más informada, más educada políticamente y más implacable a la hora de castigar la incoherencia en las urnas. Los partidos políticos que se venden por un ‘plato de lentejas’, como lo llamaba el mismo Gaitán, están condenados al fracaso en los procesos electorales.

Serán las nuevas fuerzas políticas, independientes y no burocratizadas, las que representen a la ciudadanía inconforme. Los colombianos demandan liderazgos renovados que entiendan las necesidades del pueblo; líderes de ejemplo que hagan honor a su electorado. A propósito, vale la pena insistir una vez más en que una cosa es la campaña electoral y otra muy distinta es gobernar. Si no, que lo digan los bogotanos que ya empiezan a atestiguar con sorpresa algunas decisiones de la nueva mandataria en contravía de sus promesas de campaña.

En la carrera electoral por la Presidencia de la República, en medio de la polarización, nos aseguraron que “Duque es el que es”. Hoy sentimos que nunca llegó a ser lo que pudo haber sido. El 7 de agosto de 2018, en su discurso de posesión, dijo que estaba recibiendo “un país convulsionado”. Hoy me preocupa más el país que vamos a recibir de sus manos, con instituciones deslegitimadas. Me recuerda una frase de Ernesto Samper en medio de la crisis suscitada por el proceso 8000: “Yo lo que quería ser era expresidente”.

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