Brookfield Corporation, socia mayoritaria de Isagen, a través de una comunicación dirigida al Gobierno colombiano, expresó su preocupación por las propuestas de medidas en el Proyecto de Decreto publicado el 26 de diciembre de 2024, que busca agregar lineamientos al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía. La empresa considera que estas medidas podrían afectar negativamente la estabilidad tarifaria y la confiabilidad del servicio de energía eléctrica en el país.
La compañía señaló que, el mismo día de la publicación del Proyecto de Decreto, había enviado una comunicación destacando cómo la Resolución No. 101 066 de 2024 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) vulnera los estándares internacionales de protección a la inversión extranjera. "Las medidas adoptadas en la Resolución vulneran los estándares de protección a la inversión extranjera a los que se comprometió Colombia bajo distintos instrumentos internacionales", manifestó Brookfield Corporation.
Según la empresa, el nuevo Proyecto de Decreto introduce medidas que agravan las preocupaciones planteadas anteriormente. Estas acciones, según Brookfield, desconocen los principios fundamentales sobre los cuales se realizaron inversiones significativas en el sector energético de Colombia, incluyendo la adquisición de ISAGEN.
La carta dirigida al ministro recordaba que Brookfield Corporation, junto con socios internacionales, realizó una de las inversiones más importantes en la historia de Colombia al adquirir la mayoría de la propiedad estatal en ISAGEN. La empresa subrayó que su inversión se basó en las garantías del Estado colombiano sobre la estabilidad del marco regulatorio.
"Las garantías suministradas por el Estado colombiano sobre la estabilidad del marco regulatorio y la protección de expectativas legítimas sustentan nuestra inversión", resaltó Brookfield, insistiendo en que la decisión de invertir en ISAGEN se alineaba con los objetivos de desarrollo del país.
Brookfield Corporation solicitó al Gobierno reconsiderar las medidas propuestas en el Proyecto de Decreto, advirtiendo que su implementación podría tener implicaciones negativas tanto para el sector energético como para la confianza de los inversores internacionales en Colombia.
