La Corte Suprema de Justicia tendría elementos que ampliarían a otras personas la investigación contra Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, señalados por presuntos sobornos en efectivo provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Corte examina el posible uso de estos recursos en beneficio de familiares de los excongresistas antes de las elecciones locales de octubre de 2023.
En el marco de la investigación, la Corte ha encontrado pruebas de que ambos excongresistas, señalados de recibir aproximadamente 4.000 millones de pesos en efectivo, habrían destinado esos recursos a apoyar las campañas de candidatos cercanos a ellos. En el caso de Iván Name, la Corte sostiene que los 3.000 millones que le habrían entregado, presuntamente se utilizaron para financiar la campaña de su hija, militante del partido Alianza Verde, María Clara Name, candidata al Concejo de Bogotá, donde resultó electa.
Andrés Calle, acusado de haber recibido 1.000 millones de pesos de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD; habría empleado el dinero para las campañas de su padre, Gabriel Calle de Moya, elegido alcalde de Montelíbano, y de su hermano, Gabriel Calle Aguas, quien perdió la elección de la Gobernación de Córdoba con el actual mandatario Erasmo Zuleta Bechara.
La Corte también investiga si estos fondos fueron entregados a cambio de favores políticos en el Congreso. Según la investigación, el supuesto apoyo de Name y Calle a proyectos de ley del gobierno sería una posible contraprestación de los recursos recibidos. Sin embargo, el defensor de Iván Name ha declarado que su representado no apoyaba al gobierno, por lo que no habría “vendido” su voto en el Congreso. El propio Name ha señalado que el día que dejó la sesión a cargo de la entonces vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, hubiese sido más útil estando en el recibto y votar no, por lo tanto rechaza que su decisión de no estar presente esté ligada con que haya sido comprado.
Los testimonios de Olmedo López, exdirector de Gestión del Riesgo, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad, sugieren que estos fondos habrían sido canalizados por directriz de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Según sus declaraciones, el dinero habría sido entregado por instrucciones de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La Corte Suprema continúa recopilando pruebas en este caso que podría tener implicaciones tanto para los excongresistas como para exfuncionarios de la administración pública involucrados en la presunta canalización de estos recursos, los cuales, según la investigación, se habrían destinado a apoyar campañas políticas de familiares de los implicados.
