La Procuraduría General de la Nación ha expresado su preocupación por los posibles impactos en el suministro de energía en Bogotá y Cundinamarca, como consecuencia de las demoras en los trámites ambientales para aprobar proyectos de infraestructura energética. Según el ente de control, estos retrasos han obligado a operar la central termoeléctrica Termozipa a máxima capacidad desde mayo de 2023.
El ente de control señaló que las demoras en las decisiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca han generado la necesidad de utilizar Termozipa para asegurar el suministro eléctrico en el área oriental de Bogotá. La falta de avances en los proyectos de transmisión impide la importación de energía desde centrales hidroeléctricas, una opción más sostenible.
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La Procuraduría, a través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, informó que la operación continua de Termozipa ha generado un promedio de 90.000 toneladas de CO2 al mes, debido a las emisiones de la planta. "Este impacto ambiental se podría reducir si se pone en marcha la infraestructura de transmisión necesaria", afirmó la Procuraduría en su comunicado.
En respuesta a esta situación, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Bogotá que proporcione información oficial sobre los posibles efectos que tendría la falta de energía confiable en la región. También pidió al Ministerio de Ambiente una copia de los expedientes ambientales para evaluar si se han cumplido los plazos legales en la tramitación de los proyectos.
La falta de una solución a largo plazo en la infraestructura energética podría tener repercusiones significativas tanto en la estabilidad del suministro como en el medio ambiente, generando incertidumbre sobre el futuro energético de la región.
