La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Hacienda, con el fin de determinar si hubo omisiones en el proceso normativo relacionado con la asignación de $13 billones en la liquidación del presupuesto para el año 2024.
La apertura de esta investigación se fundamenta en presuntas irregularidades en la expedición del decreto que liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal mencionada. Este decreto inicialmente presentó errores que requirieron ser subsanados mediante la emisión de un nuevo decreto.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública ha señalado la existencia de material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos asociados a los cerca de 13 billones de pesos.
Se ha resaltado en los medios de comunicación que el Gobierno no incluyó el anexo del gasto en el decreto de liquidación del Presupuesto, una omisión que va en contra de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Además, no se discriminaron los recursos de inversión correspondientes a cuatro sectores específicos.
Como resultado de estas fallas, se eliminaron 108 rubros que no estaban debidamente discriminados, representando un valor cercano a los 13 billones de pesos. Esto afectó proyectos en entidades como el Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Educación, y asignaciones relacionadas con transporte masivo y sistemas férreos, entre otros.
Aunque estos errores fueron corregidos mediante un nuevo decreto, la Procuraduría busca determinar si hubo omisiones durante el proceso, incluyendo la falta de incorporación de las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo y las razones detrás de la falta de claridad inicial en la destinación de los recursos de inversión.
