La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, realizó una auditoría financiera a los estados contables de las Empresas Municipales de Cali (Emcali). La auditoría reveló hallazgos fiscales por un total de 17.411 millones de pesos, evidenciando una serie de riesgos e irregularidades en los procesos contables y presupuestales de la entidad.
El hallazgo más significativo corresponde a una adición en el Otrosí No.2 del Contrato No. 500-CO-0590-2022, relacionado con el diseño, construcción y operación de la Subestación Arroyohondo. La Contraloría determinó que esta adición, por un monto de $13.161 millones, no estaba permitida según los términos originales del contrato.
"El ente auditado conocía el alcance del contrato, lo que demuestra que la construcción de la caseta Termoyumbo y sus obras asociadas eran parte del contrato inicial", señala el informe.
Adicionalmente, se detectó un hallazgo relacionado con el suministro e instalación de doce pantallas LED publicitarias en el Bulevar del Río, en Cali, que no están operativas. Este hallazgo, por $2.798 millones, contraviene disposiciones de la Constitución Política de Colombia, específicamente los artículos 79 y 209. La Contraloría resaltó que la falta de funcionamiento de estas pantallas implica un incumplimiento de las obligaciones contractuales.
La auditoría identificó un total de 27 hallazgos administrativos, de los cuales 22 presentan presunta incidencia disciplinaria, uno presunta incidencia penal, y siete con incidencia fiscal. Estos hallazgos serán remitidos a las autoridades competentes para su respectivo trámite, según informó la Contraloría.
Entre los hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, la Contraloría subrayó la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. "Es fundamental que las entidades cumplan con los términos de los contratos para evitar perjuicios al patrimonio estatal", afirmó la delegada del sector.
La Contraloría General resalta que continuará monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en sus informes para "fortalecer la gestión pública y proteger los recursos del Estado".
Este caso se suma a otros procesos de auditoría realizados por la Contraloría.
